Es obligación del Procurador General, como "director legal" del Estado de Florida designado constitucionalmente, representar al estado y a sus funcionarios en cualquier acción civil que pudiese afectar los intereses de éste. El Buró de Programas Estatales, Sección de Litigios Civiles, es la oficina “generalista” por excelencia de la Oficina del Procurador General y se encarga de defender una amplia variedad de acciones en tribunales estatales y federales, tanto de primera instancia como de apelaciones. Los “clientes” de este buró incluyen todos los departamentos y agencias estatales en las tres divisiones del gobierno estatal, incluidos los funcionarios y empleados individuales. Los abogados de este buró manejan en forma rutinaria: demandas contra la constitucionalidad de las leyes generales del estado; demandas por daños civiles asociados con asuntos de derechos civiles cubiertos en la sección 1983; litigios sobre construcción que involucran a los departamentos, agencias y universidades estatales: litigios administrativos especializados ante la División de Audiencias Administrativas, incluidos los protestos de licitación; la defensa de jueces y procuradores estatales en juicios, descubrimientos y disposiciones judiciales extraordinarias; y ocasionalmente como demandantes, para accionar contra individuos, grupos o entidades comerciales en representación de nuestros clientes estatales.

Además, este buró se encarga de representar al estado en juicios colectivos por derechos civiles, incluidas las demandas por eventuales medidas cautelares o declaratorias, que buscan la reforma sistémica o institucional de los programas o sistemas estatales. En ocasiones los litigios buscan alterar las políticas públicas del estado o incrementar los fondos disponibles para un determinado programa o grupo de individuos en todo el estado. Muchos de estos juicios se han resuelto mediante acuerdos conciliatorios o “decretos de consentimiento” en los que el tribunal, por lo general un tribunal de distrito federal, mantiene la jurisdicción sobre las partes a fin de implementar los términos del decreto de consentimiento. Dado que la reforma sistémica es a menudo compleja, los decretos de consentimiento se extienden rutinariamente por varios años y, en algunos casos, incluso por décadas. Es la misión de este buró resolver estas acciones tan expeditivamente como sea posible de manera que el gobierno estatal funcione de manera eficiente y sin sobresaltos.

Para obtener más información sobre esta oficina, por favor comuníquese al (850) 414-3300.